1ª Reunión de 2017 de la Comisión de Compliance Penal Estratégico

El 29 de marzo, en las oficinas de M. & M. Bomchil, se llevó a cabo la primera reunión de 2017 de la Comisión de “Compliance Penal Estratégico”, la cual contó con una nutrida y participativa concurrencia.

Los directores de la Comisión, Hernán Munilla Lacasa y Vicente de Palacios, destacaron el enorme impacto que provocará en el ámbito empresario el proyecto de ley que establece responsabilidad penal de las personas jurídicas por hechos de corrupción, la cual está siendo tratada en forma conjunta por las Comisiones de Legislación Penal y de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación.
Como es sabido, el proyecto reclama de las empresas, si quieren evitar la imposición de gravísimas sanciones (entre ellas multa del 1% al 20% de los ingresos brutos anuales), la implementación de “adecuados” programas de integridad o compliance.

Entre los elementos que deben incluirse en tales programas se destacan las “investigaciones internas”, que fue precisamente el tema abordado en la reunión.

¿Cuáles son las medidas que puede disponer una empresa frente a un fraude o hecho de corrupción ya ocurrido, o en vías de ejecución, para poder acreditarlo válidamente en la justicia? ¿Es posible acceder a una cuenta de correo electrónico de un empleado o a un archivo informático? ¿Son válidos los consentimientos anticipados? ¿Pueden instalarse cámaras de filmación, visibles u ocultas? ¿Cuál es el alcance de la expectativa de privacidad?

Estos y otros interrogantes fueron analizados y debatidos en la reunión, en la cual participó como invitado especial el Dr. Manuel de Campos, desde hace 11 años Juez en lo Criminal de Instrucción de CABA (antes fue 8 años juez correccional), docente y Presidente del Congreso Latinoamericano de Técnicas de Investigación Criminal, quien transmitió su rica experiencia como magistrado.

Las pruebas que recaban las empresas en el marco de sus investigaciones internas, receptadas hasta ahora con suerte dispar según los tribunales intervinientes, constituye una cuestión que genera mucho interés y mayor inquietud en las compañías. Lo que no se discute es que, de sancionarse la ley, los jueces y fiscales deberán capacitarse adecuadamente en materia de compliance.

En los próximos encuentros de la comisión se seguirán analizando y debatiendo distintos aspectos del proyecto de ley que nos ocupa.