Clase especial del curso CEC: “un caso de la realidad”

La tercera edición del curso CEC organizado por la AAEC y UCEMA incorporó en su programación curricular una clase práctica desarrollada mediante el “método del caso” dictada el 2 de julio último por los profesores Mariano Mosquera y Jorge Mantiñán. La actividad permitió describir en gran detalle las maniobras realizadas en el país y en el extranjero por la corporación Siemens a lo largo de casi 20 años, con el propósito de obtener y mantener de manera impropia los beneficios derivados de la adjudicación de diversas licitaciones lanzadas por el gobierno argentino. El caso permitió a los participantes recorrer los acontecimientos acaecidos durante estas dos décadas con un extenso tablero / infografía.


Teniendo en consideración que al estar aún el caso abierto, uno de los módulos de este gran ejercicio práctico dividió a los participantes en seis grupos, a cada uno de los cuales se les requirió debatir y presentar conclusiones sobre todo el desarrollo de las exposiciones, visto desde variadas perspectivas, a saber: el diseño (micro y macro) de las reglas de las licitaciones, el acceso a la información, la gestión de las relaciones internacionales, la relación con auditores y otros intermediarios, y el alcance y tipo de sanciones a aplicarse. 

Cada una de estas perspectivas debía ser abordada desde los puntos de posible intervención de los diversos actores directa o indirectamente presentes en procesos como el tratado en clase: Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Organismos de Control, Empresas y Organismos Internacionales.

En los párrafos siguientes damos un breve resumen de las conclusiones aportadas por los participantes de este evento académico.

Poder Legislativo:

Las recomendaciones van desde la formación de Comisiones Especiales o Bicamerales que intervienen o monitorean el desarrollo de licitaciones sospechadas de corrupción, hasta la creación legislativa de Organismos de Control con facultades de revisión e impugnación de decisiones impropias; en todos los casos, con mecanismos que permitan superar las limitaciones que surjan de cláusulas o requerimientos de confidencialidad sobre la información a la que se busca acceder. Desde otro ángulo, se sugiere también la implantación de estrictos controles presupuestarios previos, concomitantes y posteriores, que limiten las posibilidades del Ejecutivo de incurrir en excesos injustificados en los desembolsos.

Poder Judicial:

En este ámbito de análisis, la “imprescriptibilidad” de las causas referidas a la corrupción en las relaciones “privados-Estado” recogió la atención casi unánime de los grupos participantes. Otras recomendaciones, más específicas, promueven la creación de organismos especializados en el “loss recovery” y de juzgados asignados concretamente a este tipo de delitos, además de medidas procesales que eviten o impidan la extrema lentitud en el progreso de estas causas.

Poder Ejecutivo:

Una serie de interesantes medidas preventivas consisten en la inclusión en los términos de las licitaciones de cláusulas de transparencia en costos y ganancias, así como la prohibición de contratar funcionarios públicos previamente involucrados en el proceso de contratación. En la misma dirección apuntan otras recomendaciones, tales como celebrar convenios con otros países sobre el  intercambio de información útil para el control de estas operaciones (financiera, accionaria, societaria, contable). En términos de medidas de disuasión, mencionamos la propuesta de sancionar a las empresas culpables de actos de corrupción con la suspensión y aún la baja del padrón de proveedores del Estado.

Organismos de Control:

Las recomendaciones grupales apuntan prácticamente todas en la misma dirección, la de promover auditorías y controles, previos y concomitantes al desarrollo de las licitaciones, a cargo de organismos existentes o a crearse. Entre los primeros se mencionan la Sindicatura General de la Nación, la Auditoría General de la Nación, la Secretaría de Defensa de la Competencia y, con propósitos específicos, el Banco Central (monitoreo de movimientos financieros) y la Inspección General de Justicia (composición de directorios de empresas involucradas). Entre las entidades a crearse se incluyen ONGs y Comisiones Evaluadoras con estabilidad en su composición y recursos, y con claras atribuciones de control y, en algunos casos, de impugnación y bloqueo de fondos.

Empresas:

Se promueven medidas regulatorias que impongan ciertas obligaciones a las empresas que contratan con el Estado, tales como la prohibición de contratar a funcionarios “con vínculos con el poder”, la necesidad de presentar declaraciones juradas (públicas) sobre las contrataciones y subsidios que reciben del Estado, y la de divulgar todo conflicto de interés que pre exista a la contratación o haga su aparición durante su desarrollo. Se recomienda además que se realice para cada licitación una “due diligence” que descarte la existencia de empresas fantasmas y haga transparente las relaciones internacionales de la empresa que procura la contratación pública.

Organismos Internacionales:

El reclamo predominante es que las entidades internacionales (ONU, OEA, OCDE) deben “alzar su voz” para denunciar y, eventualmente, auditar, situaciones como la descripta en la clase especial; y que las regionales como el Mercosur puedan imponer sanciones a las empresas condenadas por actos corruptos.  Uno de los grupos, finalmente,  sugiere la celebración de convenios internacionales de intercambio de información y de revisión de situaciones de conflicto de interés, con decisiones arbitrales independientes.

Como análisis académico será importante comparar los resulta obtenidos con los próximos (participantes de las camadas CEC venideras).


JORGE MANTIÑAN

Profesor CEC (Certificación Internacional en Ética y Compliance). Director del IAGO (Instituto Argentino para el Gobierno Corporativo) – IDEA