La Argentina necesitará 5000 Compliance Officers a corto plazo

En el primer Congreso Internacional se habló del largo camino que tiene la Argentina por delante en materia de transparencia empresarial, una senda que ya se transita en el mundo


¿Pero compliance qué es? Es una pregunta que suelen escuchar quienes se dedican a cuidar y fomentar el cumplimiento y las buenas prácticas en las empresas. Si la corrupción en el ámbito público está cada vez más expuesta y sujeta a la opinión de los ciudadanos, del otro lado del mostrador suele haber una compañía que recibe beneficios, que paga o sobrefactura y que lleva a un denominador común, el robo de dinero público que se traduce en menos salud, menos seguridad, menos educación, etc.

Por supuesto que también existen otras formas de robar (puertas adentro), o de evadir leyes, y el Compliance Officer (CO), una figura cada vez más presente en las empresas grandes, pero que será cada vez más necesaria en las Pymes, tiene como tarea ser el custodio del cumplimiento de las normas.

En este marco se llevó adelante el Primer Congreso Internacional de Compliance, organizado por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y Thomson Reuters, para tener cada vez más herramientas para «prevenir, disuadir, detectar e investigar el fraude y la corrupción en el sector público y en el privado», dijo Carlos Rozen, presidente de la AAEC, entidad que brinda una Certificación Internacional en Ética y Compliance.

Una encuesta llevada adelante durante el evento en el salón Principal de la Bolsa de Comercio reveló que los tres riesgos más relevantes que las empresas reconocen y se ocupan de gestionar son reputación e imagen, contingencias por incumplimiento regulatorio y fraude interno. Por otro lado, solo un 30 por ciento de quienes contestaron el sondeo afirmaron que los daños en la marca y la reputación de la empresa son las principales consecuencias de no contar con una cultura de gestión de riesgo corporativo y compliance.

Rozen destacó que la Argentina va a necesitar unos 5000 Compliance Officers en el corto plazo «porque hay pocos». En este sentido, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dijo que en los organismos públicos también habrá una tendencia a incorporar profesionales con este perfil. En España, que está un paso adelante porque ya tiene la ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (un proyecto que ya está en Diputados impulsado por el Poder Ejecutivo de la Argentina), la búsqueda de CO asciende a 25.000.

Durante el capítulo internacional del encuentro, los representantes de Sudáfrica, Corea del Sur, Suiza, España y Australia se refirieron a las dificultades y desafíos para llevar adelante las buenas prácticas en sus países. En Sudáfrica, por ejemplo, Julie Methven, CEO del Instituto de Compliance, aseguró tener «anécdotas en las que una empresa debió pagar 10 mil dólares para que un ministro reorganice su cronograma y la reciba. Si no lo hacía, se podía encontrar en una posición muy difícil. Pero las cosas están cambiando». También, dijo que «después de cinco años de mantener una conversación sobre la importancia de compliance a nivel organismos estatales, hoy hay al menos un oficial como parte de su nómina».

En España «el 80 por ciento de las empresas de más de 5000 empleados tienen CO. Ahora, en el sector público, es como hablar en chino», dijo Sylvia Enseñat de Carlos, presidente de la Asociación de Compliance. «Tenemos pocos organismos públicos con esta práctica. Uno de ellos es el Metro de Madrid».

Y desde Australia, Naomi Burley dijo que los CO en su país reportan directamente al directorio, y nunca a «una persona que tenga un bono», ya que este «premio» por desempeño puede empañar decisiones. Además, que «el regulador de lavado de dinero exige a los sujetos obligados un reporte anual en materia de compliance».

Ya desde la experiencia argentina, Leo Piccioli, ex CEO regional de Staples y hoy speaker en diversas conferencias, dijo que «hasta 2007 vendíamos al Estado, pero pasó algo y decidimos no hacerlo más». Recomendó a los CO enfocarse en «si realmente estamos viviendo los valores de la compañía. Hay un poder muy grande en mostrar con los actos lo que se puede y lo que no se puede hacer».

Multas a las personas jurídicas

Ya está en la Cámara de Diputados el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, con fecha del 20 de octubre, sobre «Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas» por hechos de corrupción. Hasta ahora sólo había una penalización a personas físicas por este delito. Están previstas sanciones para casos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, entre otros. Esta legislación ya existe en España, Estados Unidos, Brasil y Chile, entre otros países. En la Argentina, la figura ya se usa para delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y los que afectan al mercado de capitales.

Las personas jurídicas son sociedades, asociaciones civiles, fundaciones, mutuales y cooperativas. En caso de que se demuestre que son culpables de cometer delitos contra la administración pública, deberán pagar como multa entre el 1 y el 20 por ciento de sus ingresos brutos anuales. Se trata de «dotar de mayor eficacia a las políticas de prevención y lucha contra la corrupción a través de la generación de incentivos para que las personas jurídicas prevengan la comisión de delitos por medio de programas de integridad y cooperen con las autoridades», dice el proyecto.


Nota: La Nación
Por Paula Urien
Domingo 13 de noviembre de 2016