La importancia del programa del informante de la Ley Dodd-Frank en la prevención y detección del fraude de valores en los Estados Unidos

En respuesta al colapso financiero de 2008 y la subsecuente recesión, el congreso de los Estados Unidos promulgó en 2010 la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor (“Ley Dodd-Frank”) para promover la estabilidad financiera de los mercados, poner fin al riesgo sistémico generado por aquellas instituciones financieras que son muy grandes para quebrar, para proteger a los contribuyentes poniendo fin a los rescates financieros, y para proteger al público de las prácticas abusivas en los servicios financieros.

El congreso de los Estados Unidos consideró a los informantes como un instrumento fundamental para alcanzar estos objetivos. Es por ello que la Ley Dodd-Frank establece un programa de protección e incentivos para los informantes de fraude de valores (“Programa del Informante” o “Programa”) que es administrado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (“Comisión”) a través de su Oficina del Informante. El Programa del Informante fue diseñado para incentivar a los individuos a que envíen información relevante que pueda ayudar a la Comisión a prevenir, detectar, y procesar violaciones de las leyes federales de valores de los Estados Unidos. El Programa se basa en tres componentes esenciales: recompensas monetarias, protección al informante contra represalias, y confidencialidad de la identidad del informante. Este artículo se refiere principalmente a las recompensas monetarias y a la confidencialidad de la identidad del informante.


La importancia de las recompensas monetarias y la naturaleza del Programa

De acuerdo al Programa del Informante, la Comisión debe autorizar recompensas monetarias, siempre y cuando se cumplan con ciertas condiciones, a individuos que provean voluntariamente a la Comisión información original sobre una violación de las leyes federales de valores de los Estados Unidos que haya ocurrido, esté ocurriendo, o esté por ocurrir. La información aportada debe conducir a una exitosa demanda judicial por parte de la Comisión (y/o por parte de otra agencia del gobierno de los Estado Unidos relacionada con la misma queja del informante) que resulte en una sentencia final que imponga sanciones monetarias por más de US $1 millón.

El monto de la recompensa es determinado por la Comisión de acuerdo a su discreción pero no será menor al 10 por ciento ni mayor al 30 por ciento de las sanciones monetarias que la Comisión, y otras autoridades en causas relacionadas, si correspondiera, puedan recaudar.

Si la Comisión concede una recompensa a dos o más individuos en conexión con la misma acción o con una acción relacionada, la Comisión decidirá el porcentaje de recompensa para cada uno de los informantes en base a la contribución que cada uno de ellos tuvo en el éxito de la acción legal, pero in ningún caso el monto total de la recompensa a todos los informantes será inferior al 10 por ciento ni superior al 30 por ciento de las sanciones monetarias que la Comisión u otras autoridades recauden.

En la determinación del porcentaje total de recompensa y, si corresponde, del porcentaje a asignar a cada uno de los informantes, la Comisión puede considerar factores que tienden a incrementar el monto de la recompensa dentro del límite legal. En este sentido, si la naturaleza de la información proporcionada por el informante contribuyó significativamente al éxito de la acción legal llevada a cabo por la Comisión o por otra agencia del gobierno de los Estados Unidos en una causa relacionada, y la confiabilidad e integridad de esta información resultó en la conservación de los recursos de la Comisión, el informante puede esperar una recompensa mayor.

Las personas que cooperan extensa y oportunamente, por ejemplo, explicando transacciones complejas, animando a otros individuos a que asistan a la Comisión, o ayudando a las autoridades a recuperar dinero derivado de actividades ilegales, pueden también recibir una gratificación mayor. Asimismo, la recompensa puede aumentar, si el informante demuestra que ha sufrido extremadas dificultades al asistir a la Comisión.

La Comisión no ve todas violaciones de las leyes federales de valores de la misma manera. Si la naturaleza del acto ilegal es una prioridad para la Comisión, el informante expuso una práctica generalizada en la industria, el monto del daño actual o potencial a inversores a causa de la transgresión es significativo, o hay un gran número de individuos o entidades afectadas, la Comisión puede incrementar la recompensa.

Aquellos informantes que reportaron posibles violaciones de las leyes federales de valores de los Estados Unidos a funcionarios dentro de sus empresas antes o al mismo tiempo de informar a la Comisión, y ayudaron con la investigación interna, pueden recibir una recompensa superior.

Así como hay factores que la Comisión considera para incrementar la recompensa, también hay factores que pueden reducir el monto de la gratificación. La Comisión evaluará la culpabilidad del informante en relación al acto ilegal reportado. La recompensa puede ser reducida si la responsabilidad del informante con respecto a la violación de las leyes de valores fue prominente, si el informante actuó con dolo, si se benefició financieramente de la transgresión, si es un reincidente, o si el acto ilegal que cometió fue masivo.

Los informantes que demoran injustificadamente sus reportes a la Comisión sobre violaciones de las leyes federales de valores pueden recibir una compensación menor. La Comisión puede reducir también el monto de una recompensa, si el informante interfirió con los programas internos de cumplimiento legal de su empresa, por ejemplo, impidiendo o demorando la detección por parte de la misma de las transgresiones reportadas por el informante a la Comisión.

La recompensa determinada por la Comisión se abona a través de un fondo especial establecido por el congreso de los Estados Unidos llamado Fondo de Protección al Inversor (“Fondo”), para asegurar que los pagos a los informantes no reduzcan los dineros recuperados para las víctimas de las violaciones de las leyes federales de valores. El saldo del Fondo al 30 de setiembre de 2014, el fin del año fiscal respectivo, fue de aproximadamente US $438 millones. Desde el inicio del Fondo en agosto de 2010 hasta esta fecha, se erogó un total de US $16,8 millones en concepto de recompensas. Desde el cierre del año fiscal 2014 hasta el 17 de julio de 2015, la Comisión autorizó 5 nuevas recompensas, con lo que se espera que el monto total de recompensas abonadas desde el inicio del Fondo hasta esta fecha alcance aproximadamente US $54,9 millones.

¿Quién es un informante elegible para recibir una recompensa?

Un informante elegible para recibir una recompensa es un individuo que, solo o conjuntamente con otros, proporciona voluntariamente a la Comisión información original sobre una posible violación de las leyes federales de valores de los Estados Unidos que ha ocurrido, está ocurriendo, o está por ocurrir.

Una empresa no puede ser un informante, y no es necesario que el informante sea un empleado de la empresa para reportar información sobre la empresa. La información suministrada debe conducir a una exitosa demanda judicial por parte de la Comisión (y/o por parte de otra agencia del gobierno de los Estados Unidos relacionada con la misma queja del informante) que resulte en una sentencia final que imponga sanciones monetarias por más de US $1 millón.

Es importante para un informante potencial entender qué violaciones de la ley están comprendidas por el Programa del Informante. Los actos ilegales que pueden dar lugar a una recompensa no están limitados a lo que podrían considerarse como incumplimientos clásicos de las leyes federales de valores como, por ejemplo, estados contables fraudulentos, fraude en la oferta de valores, y el abuso de información privilegiada en la compra-venta de valores. Las leyes federales de valores de los Estados Unidos son muy amplias y abarcan las actividades de las empresas de los Estados Unidos en todo el mundo como así también de las empresas extranjeras que cotizan sus valores en bolsas de los Estados Unidos. La Comisión está continuamente expandiendo su interpretación de estas leyes con el propósito de considerar nuevas situaciones.

La Comisión también es responsable por el cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (“FCPA”). Esta ley generalmente considera que es ilícito para las empresas de los Estados Unidos ofrecer cualquier objeto de valor a funcionarios de gobiernos extranjeros (incluyendo funcionarios de empresas controladas por gobiernos extranjeros) con el fin de obtener o retener negocios. Esta ley también se aplica a empresas extranjeras que tienen sus valores registrados en los Estados Unidos o que están obligadas a presentar informes ante la Comisión. La FCPA incluye también disposiciones contables que obligan a compañías que cotizan sus valores en bolsas de los Estados Unidos, y a sus subsidiarias, a crear y mantener libros y registros contables exactos, y a diseñar un sistema de controles contables internos que sea adecuado. El Programa del Informante de la Ley Dodd-Frank se extiende también al reporte de violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Para satisfacer los requisitos para una recompensa, el informante debe proveer información voluntariamente a la Comisión. La entrega de información es voluntaria siempre que el individuo reporte la información antes de que haya sido requerida de él por: (a) la Comisión, (b) el congreso de los Estados Unidos, (c) cualquier otra autoridad del gobierno federal de los Estados Unidos, u otras organizaciones y autoridades enumeradas en las regulaciones finales de la Comisión.

La Comisión considera que la información proporcionada por el informante es original si es derivada del conocimiento independiente del informante o de su análisis independiente, y esa información no es conocida previamente por la Comisión a través de otra fuente, salvo que el informante sea la fuente original de la información. El conocimiento independiente del informante se refiere al conocimiento sobre hechos en posesión del informante que no haya derivado de fuentes públicas disponibles. En cambio, el análisis independiente del informante es la evaluación que el informante hace de información que puede estar públicamente disponible pero que revela información que no es de conocimiento público.

Para que la información sea considerada original, la información no debe tampoco ser derivada exclusivamente de una alegación hecha en una audiencia judicial, en un informe o investigación gubernamental, o de los medios de comunicación, salvo que el informante sea la fuente de la información. Asimismo, la información debe ser entregada a la Comisión por primera vez después del 21 de Julio de 2010 (fecha de promulgación de la Ley Dodd-Frank).

La Comisión considera que el informante no proporciona información original cuando el informante obtuvo la información a través de una comunicación que estaba sujeta al secreto profesional entre el abogado y su cliente salvo que, bajo ciertas circunstancias, la revelación de la información le estuviese permitida a un abogado.

Igualmente, la información proporcionada a la Comisión no es considerada original si el informante obtuvo la información en conexión con la representación legal de un cliente y el informante reporta la información para su propio beneficio salvo que, bajo ciertas circunstancias, la revelación de la información le estuviese permitida a un abogado.

Además, el informante no tendrá derecho de recibir una compensación si obtuvo la información de una manera que es considerada por las cortes de los Estados Unidos como una violación de la ley penal federal o estatal.

Existen restricciones sobre la entrega de recompensas a determinadas clases de personas. Sin embargo, varias excepciones reducen significativamente la aplicabilidad de estas restricciones.

Generalmente, los individuos no tienen derecho a recibir una recompensa si obtuvieron la información sobre la posible violación de las leyes federales de valores por ser:

  • Funcionarios, directores, fiduciarios, o socios de una entidad y otra persona les informó de la mala conducta, o se enteraron de la información a través del sistema interno de cumplimiento legal de la entidad;
  • Empleados de una entidad cuyas responsabilidades principales están relacionadas con Compliance o auditoría interna, o empleados de una firma contratada para ejercer funciones de Compliance o auditoría interna para una entidad;
  • Empleados de una firma contratada pare investigar posibles actos ilegales;
  • Empleados de una firma de contadores públicos, si obtuvieron la información a través de la ejecución de un servicio profesional requerido de un contador público independiente por las leyes federales de valores (que no sea auditoría), y esa información está relacionada con un acto ilegal del cliente.

Sin embargo, los informantes que se encuentren en cualquiera las categorías susodichas pueden tener derecho a una recompensa si:

1) tienen una base razonable para creer que la revelación de la información a la Comisión es necesaria para impedir que la entidad respectiva lleve a cabo conductas que probablemente causen un daño sustancial a los intereses financieros o bienes de la empresa o sus inversores;
2) tienen una base razonable para creer que la entidad respectiva está llevando a cabo conductas que impedirán un investigación del acto ilegal, por ejemplo, cuando la entidad destruye documentos incriminatorios o borra archivos relevantes de su sistema de computación; o
3) han pasado por lo menos 120 días desde que el informante reportó la violación a través sistema interno de cumplimiento legal de la empresa, antes de reportar el acto ilegal a la Comisión.

Con referencia a esto, el 29 de agosto de 2014, la Comisión recompensó con más de US $300,000 a un auditor interno que proveyó información crítica a la Comisión por lo menos 120 días después de haber reportado las violaciones a las personas designadas dentro de su empresa.

Asimismo, el 22 de abril de 2015, la Comisión autorizó una recompensa de US $1,6 millones a un funcionario de Compliance que había reportado a la Comisión una violación de las leyes federales de valores porque el funcionario tenía una base razonable para creer que la revelación de la información a la Comisión era necesaria para prevenir que la inminente conducta ilegal causara daños financieros sustanciales a la empresa o sus inversores.

Adicionalmente, las siguientes categorías de informantes no tienen derecho a reclamar una recompensa:

  • Miembros, funcionarios, o empleados de la Comisión, de otras agencias gubernamentales, o de organizaciones responsables de hacer cumplir la ley;
  • Funcionarios y empleados de gobiernos extranjeros;
  • Personas que hayas sido condenadas penalmente por una violación de las leyes federales de valores relacionada con la demanda de la Comisión (y/o la demanda iniciada por otra agencia del gobierno de los Estados Unidos) en conexión con la misma queja del informante.
  • Personas que obtuvieron la información sobre el acto ilegal a través de una auditoría de los estados contables de una empresa, y reportando la violación a la Comisión a través del Programa del Informante sería contrario a las disposiciones que regulan los procedimientos de auditoría establecidas en la Ley de Mercado de Valores de 1934 de los Estados Unidos. En otras palabras, los auditores ya tienen una obligación legal de reportar actos ilegales importantes por parte de directores, gerentes, y otros empleados a los niveles de gerencia que sean apropiados y al comité de auditoría de la empresa que cotiza sus valores en bolsas de los Estados Unidos. También tienen que reportar actos ilegales materiales a la Comisión que no hayan sido remediados, después de que los auditores hubiesen informado sobre los mismos a la junta de directores y ésta hubiera omitido reportarlos a la Comisión. Sin embargo, los auditores que reporten información sobre posible violaciones de las leyes federales de valores relacionadas con la prestación de los servicios de auditoría de sus propias firmas pueden tener derecho a recibir una recompensa;
  • Parientes cercanos a miembros o empleados de la Comisión, y personas que residan en el mismo domicilio que miembros o empleados de la Comisión;
  • Personas que obtuvieron la información sobre el acto ilegal a través de auditores;
  • Personas que adquirieron la información original con el propósito de evadir cualquiera de las disposiciones de las regulaciones de la Comisión.
  • Personas que intencionalmente hacen afirmaciones falsas o usan cualquier documento falso en sus reportes a la Comisión.

Excepto por aquellos informantes que bajo las regulaciones finales de la Comisión no tienen derecho a recibir una recompensa, un informante que es empleado puede tener derecho a percibir una gratificación, si ha reportado la violación de las leyes federales de valores al sistema interno de cumplimiento legal de su empresa, y dentro de los 120 días de reportar internamente el acto ilegal, el empleado informante también lo reporta directamente a la Comisión. Sin embargo, en este caso no es necesario que el empleado informante reporte internamente el acto ilegal para que sea considerado para una recompensa, pero si lo hiciera podría recibir una compensación mayor.

¿Qué tipo de información es más probable que conduzca a una recompensa?

La Comisión ha afirmado que los beneficiarios de recompensas tenían ciertas características comunes. Primero, entregaron información específica, creíble y oportuna. Esta información incluía la identidad de las personas involucradas en el fraude, señalaba los documentos específicos que sustanciaban las alegaciones de fraude, o describía específicamente las transacciones fraudulentas. Además, la información estaba relacionada con un fraude que se estaba desarrollando. Segundo, el 40 % de los beneficiarios de recompensas eran empleados actuales o ex-empleados, mientras que el 20% adicional eran consultores de la empresa cometiendo el fraude. El 40% restante eran inversores que habían sido víctimas del fraude valores o eran individuos que tenían una relación personal con uno de los acusados. Tercero, la mayoría de los individuos que recibieron recompensas estaban representados por abogados cuando solicitaron la recompensa. Un abogado que se especialice en las leyes federales de valores de los Estados Unidos puede preparar y presentar la información de una forma que destaque su utilidad para la Comisión, incrementado así las chances de que dicha información resalte entre miles de quejas enviadas a la Comisión cada año.

Procedimientos para reportar la información

Para poder tener el derecho a una recompensa, el informante debe entregar a la Comisión información original sobre una posible violación de las leyes federales de valores ya sea a través de un cuestionario online llamado “Tips, Complaints and Referrals” o completando el formulario TCR y enviándolo por correo o por fax a Oficina del Informante. Más aún, el informante debe declarar bajo pena de perjurio que la información enviada es verdadera y correcta a su leal saber y entender.

El informante puede enviar la información a la Comisión anónimamente. Para poder hacer esto, el informante debe estar representado por un abogado en conexión con la entrega de su información y el reclamo para una recompensa. Sin embargo, antes que la Comisión pague la recompensa, el informante debe revelar su identidad a la Comisión en el formulario WB-APP que se discute más adelante. La revelación de la identidad del informante a la Comisión es necesaria porque la Oficina del Informante debe determinar si el informante pertenece a una categoría de individuos que no tienen derecho a recibir una recompensa. La Comisión no divulgará públicamente la identidad del informante.

Desde el comienzo del Programa del Informante en agosto de 2011 y hasta el 30 de setiembre de 2014, la Comisión recibió un total de 10.193 informes, de los cuales 3.620 fueron recibidos durante el año fiscal 2014. Comparado con el año fiscal 2013, el número de informes recibidos se incrementó casi un 12%.

El formulario TCR o cuestionario online requiere que el informante identifique la naturaleza de su queja. Con respecto al año fiscal 2014, ignorando la categoría “Otros Tipos de Violaciones”, los tipos más comunes de violaciones reportadas fueron:

  1. Comunicación de información empresarial y estados contables (16,9%). Esta categoría de quejas incluye violaciones a normas de dirección de empresas, conflictos de interés de la gerencia, violaciones en la compensación de ejecutivos, carencia de notificaciones a los accionistas sobre eventos corporativos, estados contables falsos, folletos informativos falsos sobre la empresa, falta de presentación de informes a la Comisión, etc.;
  2. Fraude en la oferta y venta de valores (16%), como por ejemplo las estafas piramidales;
  3. Manipulación de precios y valores (15,5%); y
  4. Abuso de información interna de la empresa considerada privilegiada en la compra-venta de sus valores (7%).

Tipos adicionales de quejas reportadas incluyen violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y violaciones en la comercialización y valuación de valores (v.g. cotizaciones inexactas y sincronización del mercado).

En el año fiscal 2014, la Comisión recibió quejas de 3.891 individuos, de los cuales 2.683 (69%) eran de los Estados Unidos, 448 (11,5%) eran de países extranjeros, y 760 (19,5%) no especificaron su país de origen. Como múltiples individuos pueden conjuntamente presentar un mismo informe bajo el Programa, el número de individuos que presentó informes a la Comisión durante el año fiscal 2014 superó al número de reportes recibidos por la Comisión.

En el año fiscal 2014, los principales estados que dieron origen al mayor número de informes fueron California (20,7%), Florida (9,8%), Texas (7,8%), y Nueva York (7,6%).

El Programa del Informante no está restringido a ciudadanos o residentes de los Estados Unidos. Individuos extranjeros viviendo fuera de los Estados Unidos pueden enviar informes a la Comisión y tener derecho a recibir una recompensa. En este respecto, el 22 de setiembre de 2014, la Comisión recompensó con más de US$ 30 millones a un individuo residente en un país extranjero que aportó información original sobre un fraude que se estaba desarrollando. La recompensa es la mayor que la Comisión ha hecho hasta la fecha.

Desde que el Programa del Informante comenzó y hasta el cierre del año fiscal 2014, la Comisión ha recibido informes de individuos en 83 países extranjeros. Solamente en el año fiscal 2014, la Comisión recibió reportes de individuos en 60 países extranjeros. De los 448 individuos extranjeros que presentaron quejas, el mayor número provino del Reino Unido (15,6%), India (15,4%), Canadá (12,9%), China (7,1%), Australia (6,5%), y Argentina (3,1%).

En el caso de América Latina, Argentina representa el mayor porcentaje de individuos reportando quejas desde que el Programa comenzó (28,6%), seguido de Méjico (18,2%), y Brasil (16,9%).

Procedimientos para reclamar una recompensa

La Oficina del Informante publica en su página Web una Notificación de Acción Cubierta (“NoCA”) por cada una de las demandas de la Comisión en donde una sentencia final emitida después del 21 de Julio de 2010 resulta en sanciones monetarias superiores a US $1.000.000. En año fiscal 2014, la Oficina del Informante publicó 139 NoCAs.

Un individuo tiene 90 días corridos desde la fecha de publicación de la NoCA para presentar un reclamo de recompensa utilizando el formulario WB-APP, Solicitud para una Recompensa por Información Original Suministrada de Acuerdo a la Sección 21F de la Ley de Mercado de Valores de 1934, de lo contrario el reclamo será rechazado. El Informante debe firmar el Formulario WB-APP como solicitante y enviarlo por correo o fax a la Oficina del Informante.

Por ejemplo, el 27 de Febrero de 2015, la Oficina del Informante publicó la Notificación 2015-17, por la cual comunicó que la Corte del Distrito Sur de Nueva York emitió una sentencia en rebeldía contra ocho ciudadanos argentinos. Debido a la violación de las leyes de registración de valores, la Comisión ordenó a los acusados a devolver US $33,3 millones y a pagar una multa de US $160,000 por cada acusado, con lo que el total de las sanciones monetarias alcanzó US $34,6 millones. Los informantes que hubiesen previamente presentado la queja a la Comisión tenían hasta el 28 de Mayo de 2015 para presentar el formulario WB-APP y solicitar una recompensa.

La Oficina del Informante evalúa cada solicitud para una recompensa y prepara una recomendación escrita. El Personal de Revisión de Reclamos (“CRS”) de la Comisión considera la recomendación de la Oficina del Informante, y emite después una Determinación Preliminar aprobando o denegando el reclamo de recompensa del informante y, en caso de aprobada la solicitud, proponiendo el porcentaje de recompensa sobre las sanciones monetarias que se recauden.

Si el reclamo de recompensa es denegado y el informante no envía una respuesta escrita a la Oficina del Informante objetando la decisión del CRS dentro del plazo regulatorio, entonces la Determinación Preliminar del CRS se transforma en una Orden Final de la Comisión. Si en cambio, la Determinación Preliminar propuso una recompensa y el informante no objetó la misma dentro del plazo reglamentario, entonces la Determinación Preliminar del CRS se convierte en una Propuesta de Determinación Final.

Si el informante oportunamente disputa la Determinación Preliminar, el CRS reconsiderará las cuestiones y razones esgrimidas en la respuesta enviada por el informante, y hará una Propuesta de Determinación Final que notificará a la Comisión.

Dentro de los 30 días de recibida la notificación, cualquier Comisionado puede pedir que la Propuesta de Determinación Final sea revisada por la Comisión. Si el pedido no se hace, entonces la Propuesta de Determinación Final se transforma en un Orden Final de la Comisión. Si el Comisionado solicita una revisión, la Comisión revisará el expediente y emitirá su Orden Final.

Todas las Órdenes Finales son publicadas por la Oficina del Informante en su página Web, pero son editadas de tal forma que la identidad del informante se oculta para su protección.

Las tres razones principales citadas en las Órdenes Finales por las cuales se deniega una solicitud de recompensa son: (1) la información del denunciante no fue entregada a la Comisión por primera vez después del 21 de Julio de 2010; (2) el informante no envió el formulario WB-APP dentro de los 90 días corridos desde las fecha de publicación de la NoCA; y (3) la información entregada por el informante no condujo a una acción legal exitosa.

Cuando la Comisión aplica los criterios especificados en las regulaciones finales de la Comisión para fijar el monto de la recompensa entre el 10 y 30 por ciento de las sanciones monetarias recaudadas, la Orden Final de la Comisión no es apelable judicialmente. En cambio, si la Comisión deniega una solicitud de recompensa, el informante puede apelar la Orden Final de la Comisión ante una corte apropiada de apelaciones de los Estados Unidos dentro de los 30 días de la Orden Final.

El pago de la recompensa al informante se hará en la fecha de cobro de las sanciones monetarias o cuando se completen los procesos de apelaciones para todos los reclamos de recompensa, si los procesos de apelaciones se completan con posterioridad a la fecha de cobro de las sanciones monetarias.

Confidencialidad de la identidad del informante

La Ley Dodd-Frank prohíbe a la Comisión divulgar información que pudiera revelar la identidad del informante, excepto cuando la revelación de la información es requerida en conexión con una demanda en una corte federal que la Comisión presenta, o en relación con otra acción legal presentada por otras autoridades a quienes la Comisión entregó la información.

Igualmente, la Comisión puede revelar la identidad del informante a otra a agencia gubernamental o regulatoria de los Estados Unidos (v.g. el Departamento de Justicia) y a autoridades extranjeras responsables de valores y de cumplimiento legal, sujeto a condiciones de confidencialidad, cuando la Comisión determine que ello es necesario para cumplir con los objetivos de la Ley de Mercado de Valores de 1934 y para proteger a los inversores.

La relevancia del Programa del Informante de la Ley Dodd-Frank

Los violadores de las leyes federales de valores de los Estados Unidos rara vez actúan aislada y desapercibidamente. Las acciones tomadas en conexión con la jornalización de asientos contables falsos o la distribución de folletos de oferta de valores con información falsa para facilitar una estafa piramidal, son acciones que probablemente hayan sido observadas por personas que no están involucradas en el fraude.

El Programa del Informante de la Ley Dodd-Frank fue diseñado para incentivar a individuos a que provean información relevante para ayudar a la Comisión a prevenir, detectar, y procesar las violaciones de las leyes federales de valores y de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos. El Programa induce a que individuos, estadounidenses y extranjeros, presenten su información a la Comisión, ofreciendo a cambio la posibilidad de significativas recompensas monetarias, protección contra las acciones de represalias de sus empleadores, y la preservación de la identidad del informante.

La experiencia reciente del Programa en términos del creciente número de denuncias presentadas por los informantes ante la Comisión y las exitosas demandas judiciales derivadas de las mismas, sugiere que el Programa del Informante de la Ley Dodd-Frank es un instrumento importante para combatir el fraude valores en los Estados Unidos.

Autores


singerman

Eduardo Singerman es Director de Litigios en el departamento de Global Forensics de BDO USA, LLP en la oficina de Nueva York. Singerman es Examinador de Fraudes Certificado por the Association of Certified Fraud Examiners de los Estados Unidos y Contador Público matriculado en el estado de Nueva York. Miembro del American Institute of Certified Public Accountants y de la New York State Society of Certified Public Accountants. Master en Economía y Contabilidad de la Universidad de la Ciudad de Nueva York.

 

hugel

Paul S. Hugel es socio del estudio jurídico Clayman & Rosenberg, LLP en Nueva York y ha representado a muchos clientes en casos civiles y penales originados en virtud de las leyes federales de valores de los Estados Unidos. Hugel es un abogado que ha ejercido su profesión en las cortes federales y del estado de Nueva York por más de 20 años.