Mejores prácticas en contrataciones públicas de servicios de consultoría y tecnología

¿Es posible en nuestro país?

La corrupción puede tomar formas distintas, ya lo sabemos. Entre las principales ventanas donde intenta colarse toda vez que tiene oportunidad, las contrataciones públicas suelen llevarse las sumas más jugosas. ¿Cómo evitarlo?


Podemos citar dos ingredientes fundamentales. Uno de ellos es la voluntad política que conlleva mucho de valentía y coraje. El resto es un tema menor, el técnico o metodológico. Es sencillo de llevar a cabo (si la voluntad existe). Y este es un gran problema: me han convocado de diferentes partidos políticos, oficialistas y opositores en más de un gobierno. El denominador común de lo que me tocó escuchar en esas reuniones lo podría describir como funcionarios que buscan capitalizar una reputación de transparencia, sin estar dispuestos a desactivar las grandes mafias. Tal vez gente que llega debiendo tantos favores que ha empeñado los pocos gramos de honestidad y buenas intenciones que podrían tener. Gente que, digan lo que digan, no tiene la más mínima chance de alcanzar altos niveles de dicha pues han perdido toda posibilidad de virtuosismo habiendo vendido el alma de los fines para quedarse solo con los medios.

No me he topado aún dentro del Sector Público con quien quiera, organice, ordene y controle que todos cocinen con las manos limpias sin temor a las consecuencias de hacer las cosas bien: ganarse el respeto de quienes valen la pena, la gente honesta. No he perdido tampoco las esperanzas.

En lo que a contrataciones públicas de consultoría y/o servicios tecnológicos se refiere, que en definitiva es el que más me ocupa como consultor, existen ciertas particularidades que complejizan la problemática. La consultoría concentra un conjunto de prácticas y activos intangibles que se implementan a través de gente, de formas muy disimiles y poco estandarizadas. Las mediciones de adecuados niveles de servicio parecieran ser patrimonio del sector privado.

El éxito de este tipo de contrataciones se basa en trabajar de forma unificada, con visión de medio y largo plazo, sin perder de vista los principios esenciales de la contratación pública como son la publicidad, la concurrencia y la adjudicación vinculada a la mejor oferta, pero necesariamente la Administración Pública debe cambiar la visión de mejor oferta como la más barata a mejor oferta como aquella económicamente más ventajosa teniendo en cuenta la mejor combinación calidad-precio.

Si tuviéramos que resumir las recomendaciones en 10 grandes títulos, pondríamos como esenciales los que se describen a continuación:

  1. Establecer un precio de licitación ajustado al alcance y resultados esperados del proyecto y cuando el importe del contrato lo justifique, realizar un estudio de mercado o fase previa de consultoría que determine este importe.
  2. No aplicar reducciones en el precio de licitación sobre el precio anterior en contratos que son renovaciones de servicios, excepto que se detecten irregularidades en el contrato a renovar, las que deben ser pasibles de la correspondiente denuncia.
  3. La ponderación del componente precio no debería superar el 50% del total en aquellas licitaciones de contratación de servicios de consultoría y servicios de tecnología de información. Así funciona, por ejemplo, en la Comisión Europea y asegura en forma razonable la mejor relación calidad-precio (oferta más ventajosa).
  4. La ecuación para valorar el precio como criterio de adjudicación debe evitar que pequeñas diferencias en el precio supongan grandes diferencias de puntuación.
  5. Utilizar una fórmula tal como la siguiente: Puntos Oferta A =Precio oferta más económica / Precio Oferta A x máximos puntos obtenidos por precio.
  6. Para evitar las bajadas indiscriminadas se debe incluir de forma expresa la mención a la oferta desproporcionada, definiendo con claridad los criterios que se aplicarán para considerar una oferta como tal. Expresar estos criterios como umbrales de porcentaje de baja sobre la media aritmética de las ofertas presentadas.
  7. Una práctica innovadora en sector público (aunque con muchos antecedentes en el privado) resulta ser el que al igual que se aplican penalizaciones, aplica bonificaciones cuando se superan los valores acordados. Esto no implica necesariamente un aumento del presupuesto, ya que las bonificaciones se pueden compensar con penalizaciones existentes o futuras.
  8. Adecuar los plazos de facturación establecidos en los pliegos, a la naturaleza, objeto y devengamiento del servicio a prestar, evitando así el desfase temporal entre la prestación del servicio y el ciclo de facturación y cobro y cumplir de forma estricta los plazos de pago establecidos en la ley.
  9. No contratar consultoría o servicios TI en la modalidad de “loan staff”, “time & material”, pago por jornadas y similares; es preferible contratar en modo proyecto cerrado, con alcance y entregables bien definidos o por niveles de servicio (SLA – Service Level Agreement) para la prestación de servicios continuos, en función de las mejores prácticas (Ej. lo establecido por la Norma Europea EN:16114).
  10. Establecer con claridad los requisitos del proyecto y definir con precisión qué está incluido en el alcance del mismo; especificar con todo detalle los entregables exigidos. Evitar requisitos de solvencia técnica que solo cumplen muy pocas empresas para garantizar la libre concurrencia. Y, en cualquier caso, evitar requisitos de solvencia técnica que solo cumplen muy pocas empresas para garantizar la libre concurrencia.

A estas 10 recomendaciones podemos sumar la necesaria utilización de tecnología adecuadamente parametrizada para administrar el proceso de compras.

Quien se anime a aplicar esta receta, tal vez consiga lograr maximizar el valor aportado por la consultoría y minimizar el precio, garantizando, al mismo tiempo, la transparencia y el libre concurso o concurrencia de proveedores.

¿Sencillo, no?


CARLOS FERNANDO ROZEN

Socio de BDO Argentina (GRC Governance, Risk & Compliance). Presidente AAEC – Director del Programa CEC