Retos en la inclusión del sector privado en la lucha contra la corrupción en Bolivia

La última década se ha constituido en un periodo de profundos cambios en Bolivia. Luego de turbulentos episodios de inestabilidad política, social y económica el país se encuentra en un proceso de crecimiento sostenido y de estabilidad socio-política sin precedentes. Sin embargo, una de las áreas de permanente preocupación para asegurar mayores niveles de crecimiento y de estabilidad, es la corrupción. Este fenómeno tan presente desde el nacimiento de Bolivia a la vida republicana se ha constituido en un mal endémico con perversos efectos en todos los niveles del estado, la sociedad y del sector privado.

A objeto de paliar este mal, se vienen implementando diversas iniciativas impulsadas principalmente por el Poder Ejecutivo, de estas las principales son reformas legales, institucionales e implementación de mecanismos de participación y control ciudadano. En el ámbito legal se ha impulsado un amplio paquete normativo dentro del cual destaca la Ley Anticorrupción No 004, que establece nuevos tipos penales de corrupción y dota de atribuciones a entidades del área. Asimismo, se ha promulgado la ley de Participación y Control Social No 341, que define mecanismos para que la sociedad civil organizada participe y realice control de la gestión pública. En lo institucional se ha creado el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción a cuya cabeza se encuentra el recientemente creado (2009) Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, se han instituido unidades anticorrupción al interior del Ministerio Público y la Policía y se han instaurado numerosas Unidades de Transparencia en instituciones públicas. La sociedad civil por su parte participa de procesos públicos de rendición de cuentas, y ejerce el mecanismo de participación y control social, habiéndose registrado actualmente alrededor de ochocientos grupos de control social.

En este proceso de reforma anticorrupción destaca el papel desempeñado por instituciones públicas con una creciente participación de la sociedad civil. No obstante, un sector con gran potencialidad que aún no adquiere protagonismo es el sector privado empresarial. Su potencialidad se observa en acciones iniciales que son dignas de mención. La primera es la incorporación de confederaciones de empresarios y de cuerpos colegiados en el Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción. En este escenario los miembros debaten y participan de la delineación de políticas públicas anticorrupción, sin embargo, aún se requiere de un rol más activo de los entes empresariales. La segunda consiste en una iniciativa impulsada por la Aduana Nacional a la cual numerosas empresas se vienen adhiriendo. Se trata del programa denominado Operador Económico Autorizado, por medio del cual las empresas que participan reciben una acreditación que les permite tener ciertas facilidades como por ejemplo la reducción de controles físicos y documentales. A cambio, estas se comprometen entre otros a la inclusión y/o adecuación de códigos de ética, expulsión de asociados sentenciados por corrupción y la implementación de actividades de difusión y capacitación sobre ética e integridad.

La necesidad de incluir al sector privado se hace aún más evidente debido a la alta tasa de inversión pública, materializada principalmente en proyectos de infraestructura donde se pueden producir riesgos de corrupción. Hoy en día se observa un verdadero boom en el sector de la construcción en el cual el sector privado juega un rol importante a través de contratos de construcción contraídos con el Estado. Producto de este proceso, se viene generando de manera paralela un relacionamiento sui generis entre la sociedad civil y empresas, el cual podría ser potenciado para prevenir y detectar corrupción. Desde la creación del mecanismo de participación y control social, una práctica usual ha sido el control de la ejecución de obras públicas ejecutadas a través de empresas privadas. Todavía es prematuro sacar conclusiones al respecto, sin embargo existen primeras lecciones a tomar en cuenta.

En primera instancia se puede considerar que un control social bien organizado y con funciones claras puede jugar un rol importante en asegurar la efectiva conclusión de obras públicas. Se han visto algunos casos donde miembros de estos grupos han reportado corrupción de funcionarios y/o malas prácticas por parte de empresas, habiendo logrado la recisión de contratos. Estos ejemplos se deben a que los ciudadanos realizan un control celoso de las obras que se ejecutan en su comunidad. A pesar de que algunas empresas ya muestran cierta apertura a trabajar con grupos de control social, existen aspectos que son objeto de discusión. Primero, la necesidad de delimitar el alcance del control sobre temas técnicos que competen al contratista. Por otra parte se han observado situaciones que requieren de una clara demarcación de las atribuciones de grupos de control social, debido a que se pueden generar oportunidades para que algunos miembros hagan mal uso de este poder ciudadano.

La actual coyuntura económica en Bolivia demanda de un rol más protagónico del sector empresarial en la implementación de prácticas de ética, integridad y compliance. Como se mencionó, la lucha contra la corrupción se ha enfocado en el sector público con una importante participación de la sociedad civil organizada, no obstante el tiempo es propicio para invitar a un tercer actor. Como es bien sabido la corrupción involucrando a empresas no puede ser analizada desde un solo prisma, considerándolas como sujetos que impulsan la corrupción activa a través de sobornos; sino también como víctimas de funcionarios que gozan de poder de decisión sobre bienes, recursos y servicios (corrupción pasiva). En este sentido, el gran reto para el particular caso Boliviano y en especial para las autoridades con mandato anticorrupción se encuentra en articular a estos actores en la prevención, control y sanción. De esta forma se podría estar hablando de un sistema anticorrupción pionero basado en tres pilares, estado, sociedad civil y sector privado.


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Autor Martín Zapata Medina

Es ciudadano boliviano. Se ha especializado en temas relativos a la transparencia, lucha contra la corrupción y gestión pública. Ha encabezado estudios y participado de diversos proyectos de la Agencia Internacional de Cooperación del Japón. Ha sido consultor en varias ocasiones para el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción (MTILCC) de Bolivia. Asimismo, ha sido consultor de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito en diferentes proyectos, concluyendo con propuestas normativas y manuales que hoy son utilizados para prácticas anticorrupción. Ha sido experto del MTILCC para la estructuración del Sistema Integrado de Información Anticorrupción y de Recuperación de Bienes del Estado. De igual manera ha sido consultor en diversos proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el Ministerio de Transparencia. Ha sido Director General de Prevención, Promoción de Ética y Transparencia en el MTILCC. Ha dado cátedra en diversas carreras de la Universidad Mayor de San Andrés y actualmente es investigador en el proyecto sobre el Rol del Sector Privado en la Reducción de la Corrupción llevado adelante por la Universidad de San Andrés de Buenos Aires. Es licenciado en Derecho (UMSA) y tiene maestrías en Ciencias Políticas en la Universidad de Meiji (Tokio, Japón) y de Políticas Públicas en la Universidad de Melbourne (Australia).


Foto: Plaza de Armas de La Paz, Bolivia. Palacio del Gobierno al fondo. Autor: Vieira