Un proyecto necesario para combatir la corrupción

Un proyecto de ley que inquieta a las empresas. El gobierno nacional, decidido a impulsar leyes que brinden transparencia a la interrelación existente entre el sector público y el sector privado, ha elaborado una iniciativa mediante la cual se prevén sanciones penales para las personas jurídicas que intervengan en hechos de corrupción. Si bien el proyecto todavía no ha ingresado en el Congreso, ya concita la atención de las empresas. Aquí hacemos una brevísima referencia a las principales cuestiones que presenta la iniciativa


Una corrupción descontrolada, como la que no deja asombrarnos en la Argentina que transitamos, producto de una delibera estrategia de saqueo de las arcas del Estado, debe ser contrarrestada no sólo a partir de una firme decisión política y de un comprometido acompañamiento judicial, sino también de la mano de herramientas legales idóneas.

El gobierno ha anunciado su objetivo de revertir el sombrío panorama descripto, y para ello, entre otras medidas, ha elaborado un proyecto de ley por medio del cual busca castigar penalmente a las empresas que participen en hechos de corrupción. De tal manera, se propone transparentar la relación existente entre el sector público y el privado, en el entendimiento de que las empresas la mayoría de las veces se ven beneficiadas por decisiones espurias de los funcionarios públicos. Ejemplos actuales -y de la historia reciente- no faltan. En otras palabras, busca castigar a las personas jurídicas allí donde más les duele: el bolsillo.

El objetivo es que, frente a la amenaza de sufrir una grave sanción pecuniaria, las empresas adopten mecanismos destinados a prevenir riesgos y a colaborar en la investigación de hechos de corrupción en los que se hayan visto envueltos sus ejecutivos o empleados.

Se trata, por lo demás, de una herramienta legal vigente en numerosos países, incluidos algunos de la región, como Chile y Brasil.

De entrada corresponde aclarar que no se adopta un criterio de responsabilidad objetiva –como había sido previsto en el proyecto original- sino de responsabilidad por el hecho propio, consistente en la deficiencia organizacional.

El proyecto establece que las personas jurídicas son responsables por los delitos contra la administración pública y cohecho trasnacional que hubieren sido realizado directa o indirectamente en su nombre, representación o interés y de los que pudiera resultar beneficiada, cuando la comisión del delito fuere consecuencia de un control o supervisión inefectivo y los delitos fueren cometidos por cualquiera de sus dueños, socios, accionistas, asociados, apoderados, representantes, directores, gerentes, empleados, proveedores, contratistas, agentes, distribuidores u otras personas físicas o jurídicas con quienes mantenga una relación contractual.

Se aclara en la iniciativa que “se considerará que el control y la supervisión es efectivo cuando, con anterioridad a la comisión del delito, la persona jurídica hubiere implementado un programa de integridad en los términos del art. 23 de la presente ley”.

A su vez, esta última disposición prevé que un programa es efectivo cuando se adecua a los riesgos propios de la actividad que realiza la persona jurídica, a su tamaño y a su capacidad económica, a los fines de prevenir, detectar, remediar y reportar ante las autoridades correspondientes los hechos delictivos abarcados por la ley.

Significa lo expuesto que si una empresa posee un programa realmente efectivo, pero no puede evitar la comisión del ilícito (a pesar de haber hecho todo lo que estaba a su alcance para evitarlo), podrá ser exonerada de responsabilidad penal.

A los fines de evaluar la efectividad del programa, el juez analizará la existencia de los ciertos elementos que el proyecto señala a modo de ejemplo, como ser: un código de conducta o de ética; reglas y procedimientos específicos para prevenir ilícitos en el ámbito de concursos y procesos licitatorios; la extensión del código de ética a terceros o socios de negocios; la realización de capacitaciones periódicas; análisis periódico de riesgos; canales internos de denuncia; sistema de investigación interna; due diligence en procesos de transformación societaria; designación de un responsable interno a cargo del programa, etc.

En cuanto a las sanciones, el proyecto contempla la imposición de multas, de 1% al 20% de los ingresos brutos anuales que la persona jurídica condenada hubiere tenido en el último ejercicio anterior a la comisión del delito; la suspensión total o parcial de actividades (por no más de 10 años); la suspensión del uso de patentes y marcas (por no más de 10 años); publicación total o parcial de la sentencia condenatoria; pérdida o suspensión de los beneficios o subsidios estatales, etc.

Respecto de la imposición de sanciones, el proyecto establece diversos criterios para su determinación, como asimismo agravantes (el mínimo de la multa se eleva al 10%) y atenuantes (en un 5%).

Por último, la iniciativa legal que comentamos prevé la posibilidad de que la persona jurídica, a los fines de suspender la persecución en su contra, suscriba con el Fiscal un acuerdo de colaboración eficaz, el cual será sometido a la aprobación del juez.

En el acuerdo el Fiscal pedirá que la empresa quede sujeta al cumplimiento de tres o más condiciones, por un plazo máximo de 3 años. Entre las condiciones se establece el paga de una multa equivalente a un tercio del promedio de la que correspondiere en caso de ser condenada; realizar acciones necesarias para reparar el daño; restituir las cosas o ganancias producto del delito; prestar un determinado servicio a favor de la comunidad; aplicar medidas disciplinarias contra quien haya participado del hecho; implementar un programa de integridad y colaborar con las autoridades en la investigación de otros hechos delictivos.

La información brindada es confidencial, previéndose la pena del delito de violación de secretos para caso de ser revelada. Si el acuerdo, que no implica reconocimiento de responsabilidad por parte de la empresa, es rechazado por el juez, la información y documentación presentada será devuelta (sin retención de copias).

Los aspectos brevemente comentados -hay mucho más para analizar- permiten advertir que el proyecto responde a una aspiración loable del gobierno, que procura brindar un estímulo apreciable a las empresas para que colaboren en la lucha contra la corrupción. Pero resulta indispensable que esta iniciativa sea acompañada por otras que agilicen el procedimiento penal, actualmente desbordado de expedientes que demoran de manera inadmisible la tramitación de las causas en las que se investigan hechos de corrupción, debiendo asegurarse a la vez una decidida independencia de los jueces y fiscales llamados a aplicar la ley.


Por Hernán Munilla Lacasa, Socio de MS&P (Munilla Lacasa, Salaber y de Palacios)